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Una entrevista, Correa, por favor

Creo que el por favor es imprescindible; por lo menos siempre que solicito una entrevista (sea a un ente público o privado), mantengo mi cortesía. De igual forma si me solicitan un espacio para informar (sea un ente público o privado), estoy dispuesta a dárselo. No podría etiquetar a una persona como “funcionario partidista y seguidor ciego de órdenes ejecutivas”, para negarle su derecho a expresarse.

Sin embargo, no todos piensan así. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dispuso que los ministros de su gobierno no den entrevistas a medios privados, a los que denomina “medios mercantilistas nacionales propiedad de media docena (de) familias”; con lo cual muchos “mercaderes de la comunicación”, periodistas y analistas la consideran una medida anticonstitucional y que atenta contra la libertad de expresión e información.

En este debate vienen primero las cuestiones de interpretación a las que el actual gobierno ecuatoriano nos ha sometido varias veces. Ahora ¿qué es un medio de comunicación mercantilista? De acuerdo al concepto de mercantilismo, serían los medios que negocian con algo que no deben ser objeto de comercio. Obviamente, la comunicación no es un bien o servicio mercantil, pero en el caso de los medios privados está manejada bajo una lógica de comercio, que debe usarse para mantener el medio. Es incuestionable que algunas familias han monopolizado “el negocio”, pero tampoco se puede generalizar que todos los medios privados bajo esa lógica. Mi pregunta es ¿cómo el ejecutivo determinará a quienes concederá o no entrevistas?

Otro de los puntos es la garantía que exige la constitución para la transparencia y acceso a la información pública, actualmente garantizada por la LOTAIP. Según las conclusiones del Foro Transparencia y acceso a la información pública en Ecuador, esta ley “además de ser un instrumento indispensable para exigir el acceso a la información, es también una herramienta fundamental para hacer efectivos otros derechos, pues sin información no se conocen ni ejercen los derechos adecuadamente. Ello nos remite a reflexionar sobre el rol de la Ley como mecanismo fundamental para la toma de decisiones y para la acción argumentada real y eficaz de la participación ciudadana”.

Muchas veces he recurrido a esta ley para obtener información necesaria para mis estudios e investigaciones, pero que han sido de interés público. Entonces, ¿qué hacer cuando la información pública se debe dar a conocer a la sociedad? La solución puede ser que la institución emita un boletín de prensa, pero ¿cómo esté tendría un alcance masivo? Sin duda alguna a través de los medios de comunicación, pero no basta con transmitir lo leído. La labor periodística se centra en contrastar la información, buscar las fuentes, profundizar y discutir el tema. Sin embargo, esta tarea se tornaría más difícil sin los argumentos oficiales del sector público, porque consideremos que subalternos cumplirán la disposición y las instituciones mantendrán, digámoslo sencillamente, una ley de hielo.

Finalmente, la ciudadanía estaría limitada al no recibir información completa por los medios que prefiera hacerlo. “No hay ningún atentado a la libertad de expresión, sino al ‘business’ (negocio) de estos señores”, afirma Correa; sin embargo la ciudadanía es la principal afectada.  El gobierno ocultamente está planteando que si queremos conocer los hechos públicos con veracidad o de las voces oficiales, acudamos a los medios públicos o los no mercantilistas.

Omar Simon afirmó que nadie tiene la obligación de conceder entrevista. Pero a él y a otros funcionarios les recuerdo que el por favor, es un mero pedido y no del medio, sino de la ciudadanía, a través de él. Cada uno sabrá si se siente obligado o comprometido con su labor de responsabilidad social, en este caso, de rendir cuentas a la ciudadanía.

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