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“No soy cortesano de la berenjena”

Les comparto un texto del escritor Eduardo Galeano donde, de manera sencilla, se puede entender la forma que algunos medios o periodistas sucumben ante intereses individuales:

Instrucciones para triunfar en el oficio

Hace mil años, dijo el sultán de Persia:
-Qué rica.
Él nunca había probado la berenjena, y la estaba comiendo en rodajas aderezadas con jengibre y hierbas del Nilo.
Entonces el poeta de la corte exaltó a la berenjena, que da placer a la boca y en el lecho hace milagros, porque para las proezas del amor es más poderosa que el polvo de diente de tigre o el cuerno rallado de rinoceronte.
Un par de bocados después, el sultán dijo:
-Qué porquería.
Y entonces el poeta de la corte maldijo a la engañosaberenjena, que castiga la digestión, llena la cabeza de malos pensamientos y empuja a los hombres virtuosos al abismo del delirio y la locura.
-Recién llevaste a la berenjena al Paraíso, y ahora la estásechando al infierno –comentó un insidioso.
Y el poeta, que era un profeta de los medios masivos decomunicación, puso las cosas en su lugar:
-Yo soy cortesano del sultán. No soy cortesano de la berenjena.

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Correa: líderazgo o autoritarismo (Los enfoques de la información)

Les comparto un artículo del periodista Gustavo Abad sobre los diversos criterios que se pueden tener respecto a un tema que, sin ser verdad uno o mentira el otro, corresponden a la realidad ¿Es entonces que la información tiene varios enfoques y es posible exaltar uno y juzgar el otro? Por ejemplo, en el caso de Ecuador que menciona Abad para su análisis, Correa es denominado, por un lado, como el líder de la revolución y, por otro, connota un gobierno autoritario ¿Los dos medios mienten o alguno dice la verdad?  Espero que el artículo nos ayude a encontrar las respuestas y, principalmente, a generar nuestro propio enfoque:

Hace varios años, en la redacción de un diario chileno se produjo un debate entre dos periodistas. Uno de ellos había descrito como “el anciano senador…” a Augusto Pinochet, quien todavía manejaba los restos de su poder desde una curul de legislador. Su colega lo retaba a que se refiriera al personaje, más bien, como “el ex dictador acusado de genocidio…” porque consideraba que esa descripción se ajustaba más a la realidad.

¿Quién estaba en lo cierto? Los dos… ¿Era Pinochet un anciano senador? Sí… ¿Era un ex dictador acusado de genocidio? También… ¿Se puede otorgar mayor validez a una afirmación por sobre la otra?  ¿Se puede establecer de manera inequívoca los efectos de cada manera de nombrar? Dejemos la respuesta para más adelante, en caso de que haya alguna.

Por ahora, recordemos que el periodismo es una narración de la realidad y, como toda narración, implica una mirada, una visión no libre de subjetividad.  Eso se manifiesta, sobre todo, en el enfoque, uno de los componentes fundamentales del relato periodístico. El enfoque consiste en situar los hechos, de manera intencional y consciente, dentro de un modelo interpretativo. Significa construir un sentido, proponer un modo de entender las cosas.

Por ello, resulta fuera de lugar el veto presidencial al artículo 203 de las Reformas al Código de la Democracia, que propone: “Los medios de comunicación se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política”. Frente a las demandas de inconstitucionalidad contra esta posibilidad, la Corte Constitucional deberá emitir, a fines de este mes, un informe sobre el que existen sobradas expectativas.

Si analizamos desde criterios comunicacionales el contenido del veto, lo que propone el representante del poder político es regular el enfoque de la información, es decir, ponerle reglas al último territorio del periodismo donde la subjetividad está autorizada.

El enfoque es la mirada particular que el narrador construye mediante la información recabada. No hay relato periodístico sin enfoque, así como no hay gobierno sin proyecto político, sin importar si lo consideramos bueno o malo. La pregunta es ¿Se puede calificar y sancionar un relato por considerarlo favorable o perjudicial a cierto actor político sin violentar el derecho del periodista a ejercer libremente un enfoque informativo por bueno o malo que nos parezca? […]

Leamos un ejemplo de Abad para entender la situación::

El canal “X” publica un reportaje sobre el potencial candidato Rafael Correa y lo define como “el líder de un proceso revolucionario que está transformando al país…”, mientras que el canal “Y” hace lo mismo pero lo define como “el mandatario en cuyo gobierno decenas de líderes indígenas han sido enjuiciados por el supuesto delito de terrorismo…” ¿Significa que el primer medio tiene que ser sancionado por incidir a favor del candidato y el segundo también por incidir en contra? Dicho de otra manera ¿Significa que ambos mintieron o que sus afirmaciones son insostenibles?

Adicionalmente, no hay garantías de que se pueda conformar un organismo o designar a una autoridad con capacidad para dirimir con justicia respecto, no de uno, sino de miles de productos informativos que pudieran se impugnados desde esa visión simplista de estar a favor o en contra de alguien. Lo que para unos es favorable, para otros es perjudicial. Tendríamos a una multitud enfrentada a otra multitud y, en medio de las dos, el señuelo inalcanzable de la verdad.

Esto no significa que los periodistas puedan desarrollar su trabajo desde la subjetividad absoluta, porque entonces cualquiera podría vendernos propaganda por periodismo y hacer campaña disfrazada de información. De hecho, esa ha sido una práctica recurrente en los medios –recordemos la campaña en contra de la Ley de Comunicación- y es el resorte que mueve al gobierno a plantear una normativa al respecto, aunque de manera poco viable.

El riesgo de una visión sobrecargada a cualquier lado se aplaca mediante un equilibrio informativo, una diversidad de fuentes, unos datos verificables, unos testimonios coherentes,  y otros aspectos que conforman la especificidad de la información periodística. La correcta o deficiente aplicación de estos principios hace del periodismo un relato confiable o sospechoso. De eso depende la democratización de la información y no de una norma que, por lo que hemos argumentado, resulta impracticable o, lo que es lo mismo, inútil.

Mediaciones, mayo 2012

Radios comunitarias: Experiencias ecuatorianas

Queridos lectores, les comparto un reportaje de diario El Telégrafo acerca de la labor de medios comunitarios en Ecuador, como una forma de integración interzonal:

Las emisoras Estéreo Siapiclaará -en Borbón-, Somba Pamin -de Santo Domingo de los Tsáchilas- y Radio Chachi -en Esmeraldas- permiten que la población se comunique con su familia que vive tierra adentro en sus comunas.

La radio comunitaria sintoniza con éperas y tsáchilas. Fotos:  Pilar Caceres | El Telégrafo

Fotos: Pilar Caceres | El Telégrafo

Una pequeña radio negra en donde las frecuencias se seleccionan usando perillas manuales cuelga de una de las vigas de la casa de madera de la familia Equi Garabato, en la comunidad Bella Aurora, en la parroquia Borbón (Esmeraldas).

Llegar hasta el lugar toma 10 minutos a bordo de una lancha rápida, que cuesta 0,25 centavos el recorrido por  el río Santiago. Un fuerte sol cae en la zona, pero la brisa refresca a los moradores de la zona. Las lanchas transportan a los habitantes de  tres comunidades (Santa Rosa, Bella Aurora y Cayapa), así como a vendedores de mariscos y víveres que ofertan productos  en los improvisados muelles de tierra.

Un total de 10 pequeñas casas, construidas en “minga”, usando vigas de madera, forma la comunidad Bella Aurora, en donde la vivienda de la familia Equi Garabato se convierte en el lugar céntrico de esa comuna cuando se prende la radio. Las mujeres de la nacionalidad épera se reúnen para fabricar pulseras multicolores de mullos, que les toma hasta un mes elaborarlas, así mismo para cocinar o conversar, como lo hicieron el jueves pasado, mientras sus hijos jugaban  en la tierra o hacían sus deberes apoyados en el piso de las casas. Allí, la radio Estéreo Siapiclaará (Voz de la nacionalidad para el pueblo) 90.7 FM, que funciona desde marzo de 2011, se convirtió en un medio de comunicación para esas familias.

La emisora, que es una de las 14  que la Secretaría de Pueblos, entregó a las 13 nacionalidades indígenas del país suena a todo volumen. Son las 15:00 y arranca el programa de vallenato de Silvio Chiripua (Silchi), coordinador de la radio, que opera en el centro de  Borbón y las mujeres lo escuchan con atención. “Sinchi, soy la Guadalupe González, quiero mandar un saludo a mi madre, Eliberta, que está en la comuna Santa Rosa”, dice una de las jóvenes de 20 años, quien se anima a llamar a la estación y mediante su teléfono celular envía su saludo en vivo. Cuenta que la radio es el único medio que le permite comunicarse con su madre, que vive a una hora, por vía fluvial, de donde ella está. “Por la radio nos comunicamos todos”, indica.

Ángela Equi Garabato hace lo mismo. “Sinchi, quiero mandar un saludo a mis abuelitos, Hilda y Marciano, en Santa Rosa, que Dios les dé vida”, desea la madre, de 20 años.

Chiripua expresa que gracias a la emisora acortan distancias y están más cerca de sus familias. Esa es la fortaleza. En Borbón hay 600 habitantes de la nacionalidad épera. “Antes, para comunicarnos, teníamos que mandar cartas y a veces se perdían en el camino. Ahora, con nuestra propia voz, damos las noticias”. La organización de reuniones de la comunidad, fiestas, decesos, enfermedades, son los principales acontecimientos que se receptan en la radio en forma gratuita, además de actividades recreativas, como la transmisión en vivo de partidos de fútbol comunitario. “Viajamos a las comunas y los narramos”, manifiesta Chiripua.

Una consola radial, cuatro micrófonos, parlantes, un computador, transmisores y lectores de discos compactos son algunos de los instrumentos que tienen estas radios. La estación de Borbón funciona  en el tercer piso de la casa del alcalde. La comunidad renta el espacio por 450 dólares mensuales. Para pagar la renta, Chiripua explica que realizan convenios de publicidad con almacenes y restaurantes de la parroquia. Cobran 45 dólares mensuales y cuentan con 12 cuñas publicitarias. Lo recaudado les sirve para la comida y pasajes de las tres personas que trabajan de manera voluntaria.

“Nuestras cuñas son baratas, en radios comerciales cobran 150 dólares”, comenta, mientras pone a sonar el vallenato “Cabello corto”, de Alfredo Gutiérrez, que es uno de los más solicitados en la emisora, cuya programación se transmite en un 90% en castellano y 10% en el idioma siapadee. Ciespal les capacitó en el manejo de los equipos.

En la radio dan prioridad a las noticias locales y nacionales y a la música (vallenato, salsa y cununos). “Estamos enterados de que pasa en Quito y Esmeraldas”, afirma María Serafina Garabato, otra de las moradoras de la comunidad Bella Aurora, mientras termina de cocinar.

Idioma e identidad

En su programa, Chiripua interactúa con la gente, que bombardea su teléfono con mensajes solicitando canciones y saludos para sus familiares que están distantes. Mientras envía a una pausa comercial cuenta que buscarán apoyo de un maestro intercultural para que enseñe a la población el siapadee.

Pero esta idea ya está en marcha en la radio Somba Pamin (Hablando fuerte), en Santo Domingo de los Tsáchilas.   Allí cuando Adrián Sauco Aguavil, de 19 años, se sienta frente a la consola de radio, se transforma. Apenas lo hace, la voz le cambia. “Kasama (Buenos días) amigos y amigas, seje jayú (bienvenidos) a su programa romántico, directo al corazón”, dice con aquella solemnidad que tendría cualquier locutor profesional de radio. Sin embargo, solo lleva un par de meses en la conducción. En cada programa fusionan el castellano con el tsáfiqui, idioma de la nacionalidad, que  está ahora en emisiones de prueba y aún no se escucha en las siete comunidades. El gobernador tsáchila, Gumercindo Aguavil, indica que la emisora llega hasta 10 km a la redonda y ya  tienen seguidores.

En el restaurante “Las delicias de la negrita”, diagonal a la terminal terrestre de la provincia, los cununos y marimbas que transmiten en la radio acompañan a los comensales. El propietario del restaurante, Jorge Aguirre, no pertenece a la nacionalidad tsáchila, pero escucha la radio porque considera que ese medio revaloriza y mantiene viva la identidad de la comunidad.

A su local acuden diariamente entre 70 y 100 personas. “La gente inclusive se ha puesto a  bailar con la música”. Javier Jende, de 29 años, conduce un programa de medio ambiente en la emisora, que se oye a través de la frecuencia 102.5 FM. Ingresa al restaurante y se sorprende al mirar la recepción. Saber que de a poco ganan audiencia  motiva al joven de la comuna Congoma Grande a seguir.

“¿Quién eres tú?”, le pregunta Aguirre. “Soy Javier Jende, trabajo en Somba Pamin”, responde con voz tímida el muchacho”. Asintiendo con la cabeza, el dueño del local lo motiva aún más: “Sigan adelante muchacho, están haciendo bien las cosas”. Jende no sale de su asombro. “Qué bueno que a la gente de la ciudad les guste, lo mismo será en la comunidad”.

El gobernador Aguavil espera que la repetidora y otra antena, que es lo que les falta para que se escuche  en las siete comunidades que hay en la provincia, se instalen máximo hasta julio o agosto de este año. Pero hasta tanto, los jóvenes ya preparan la programación, que, según Sauco, será diversa. “Los tsáchilas queremos educar”, enfatiza. Por eso, al finalizar su programa de medio ambiente, enseña el diccionario tsafiqui a sus radioescuchas.

Al gobernador le motiva conocer los avances y las ideas que tienen los siete  jóvenes que ahora manejan la radio junto a cinco adultos, quienes contarán leyendas de la comunidad. La programación aún no está definida, así como el rubro que cobrarán por las pautas publicitarias, que podría ser de 3 dólares.

Hasta el momento han acordado tener programas sobre medicina tradicional, ganadería y agricultura, pues las más de 2.800 personas que habitan en las comunidades se dedican al cultivo de maíz, yuca, cacao y plátano, que  comercializan en beneficio de la propia comunidad. Aguavil comenta que tienen planificado programas como “Ano daquebi wiruide. Sonala” (Despierta mujer, a cocinar), que se transmitirá desde las 05:00, el cual asegura que no es  machista, sino que responde a la vida en comunidad, en donde la mujer se encarga de los quehaceres domésticos, mientras el hombre trabaja en el campo.

En la comunidad Colorados del Búa, ubicada a 15 km del centro de la ciudad, está Angélica Calazacón, de 25 años. Mientras arregla su casa admite que mira televisión y que aguarda a que la radio de la comunidad empiece a funcionar. “Nos permitirá conocer qué hacen en la ciudad. Afuera hay muchas cosas, queremos conocerlas”. Espera que haya programación educativa y temas de salud preventiva.

Oswaldo Aguavil, maestro de la escuela intercultural Abraham Calazacón, comparte el criterio y piensa en la radio como un instrumento que le permitirá llevar a conocer los proyectos que tienen en el centro educativo. “Queremos escucharla ya”, acota. Sauco escucha lo que la gente de la comunidad espera de la emisora y se da cuenta de lo que eso significa: “La radio tiene poder”. Las únicas restricciones en la programación son la música en inglés y el  reggaetón.

Las tradiciones chachi

Wilton Díaz considera a Radio Chachi, que coordina en Esmeraldas, como un medio que les apoyará a visibilizar su cultura y tradición. Son conscientes de que su nacionalidad es muy poco conocida; además, afirma que son discriminados por los propios afroecuatorianos. La estación radial también se encuentra en emisiones de prueba y se escucha solo en la ciudad, en la frecuencia 89.5 FM.

Díaz espera que la Secretaría de Pueblos los apoye para  trasladar los equipos de la emisora hasta el centro de la ciudad,  ya que la radio está  en las zonas periféricas de Esmeraldas y los han asaltado. La Secretaría se comprometió a brindarles ayuda. Tienen  programas juveniles, además de noticias, pero Díaz quiere narrar las  ceremonias fúnebres y nupciales en el idioma cha’palaa y traducirlo al castellano. A las comunidades también les interesa conocer sobre programas de salud.

María Elena Vaca  | El Telégrafo

El silencio discursivo como poder

Mucho se ha juzgado a los medios de comunicación por la información “que dicen” y las formas en que lo hacen; sin embargo, poco se ha tratado de lo que los medios no dicen  y no llega a percibirse en la opinión pública, por falta de difusión. Un análisis de la revista Mediaciones de CIESPAL analiza esta estrategia retórica.

El “silencio discursivo”, se da con alguna frecuencia en los medios. Desde luego, siempre habrán silencios, omisiones, pues no es posible que el medio dé cuenta de toda la infinidad de hechos que se dan en la realidad. Por eso, cuando hablamos de “silencio discursivo” nos referimos al silenciamiento intencional de acontecimientos noticiosos; es decir, de hechos de importancia pública que los medios están obligados a difundir como noticia. Por ejemplo, la agresión verbal y física a una asambleísta.

El 11 de abril de 2012, la Asamblea Nacional de Ecuador puso en la agenda una vez más el proyecto de ley de comunicación, proceso que ya lleva casi 3 años. Fue una sesión caótica, donde abundaron discursos e insultos, algunos de tono racista como el de Dalo Bucaram a  Pedro de la Cruz. Luego de la sesión, que fue suspendida hasta nuevo aviso, la asambleísta María Augusta Calle fue “agredida verbal y físicamente”, según su propia versión dada a los medios, por un integrante del grupo (K´abreados), que fue detenido por la policía. Sin duda, este es un hecho que desde la perspectiva periodística, exenta de posiciones políticas, debe ser considerado como noticia.

Con este criterio CIESPAL realizó un análisis de la información publicada al siguiente día (12 de abril) en algunos diarios nacionales. Aunque todos dan un gran despliegue a la jornada legislativa de ese día, la mayoría oculta esa noticia, los resultados son una evidencia clara de ese “silencio discursivo”.

El diario La Hora no dice absolutamente nada sobre el incidente.

El Expreso, en su “Frase del día” (p. 3) cita brevemente a María Augusta Calle cuando ella denuncia la agresión y afirma que no va a permitir que se “mancille su honra”, entre paréntesis el diario señala que esa cita es “en relación a la agresión verbal” y obvia lo de la agresión física. Esta minimización del hecho contrasta con el despliegue que sí da a lo que el diario califica como “agresión verbal que los “oficialistas” dieron a su “ex compañero  Washington Cruz”, que va como pie de una gran foto (más o menos de 50 cm/col).

El Comercio no dice absolutamente nada sobre lo acontecido con la asambleísta Calle, tampoco El Universo.

En el diario Hoy, hay una brevísima alusión al hecho en  su página 2.

La excepción es El Telégrafo, diario en el que hay una nota, de unos 20 cm/col, con el título “Uno de los K´abreados habría agredido a María Augusta Calle”.

Cabe recordar las reflexiones  que Noam Chomsky hace sobre uno de los recursos de la propaganda: lo que él llama “víctimas dignas” y “víctimas indignas”, calificaciones dadas según el alineamiento político del medio. Las primeras son las víctimas funcionales a ese alineamiento, por ejemplo, los balseros cubanos que salen de la isla hacia Florida, son enfocados como héroes y mártires, “víctimas dignas”, según la prensa alineada con el poder hegemóminco. Los segundos son lo contrario, afectan a ese alineamiento; por ejemplo, las barcazas abarrotadas de latinos que se arriesgan por el Pacífico para llegar a Centro América y ulteriormente a los EEUU; son ilegales, un riesgo para la seguridad, son “víctimas indignas”.

Con estos elementos el lector puede sacar sus propias conclusiones sobre la minimización o silenciamiento de lo acontecido con M. A. Calle. Y también podría preguntarse cuál habría sido la información de estos diarios si la agredida hubiese sido Cinthia Viteri o César Montúfar, cuya posición era defendida por el grupo agresor, ¿habrían sido víctimas dignas o indignas?, ¿ese hecho habría sido digno de difundirse o no?

No hay duda que la ausencia de información es un gran recurso que usa el poder y que da poder.

Revista Mediaciones, abril 2012 

Ley de Comunicación de Ecuador ¿tiene beneficios?

Sally Burch desde la Agencia Latinoamericana de información (ALAI AMLATINA) escribe y expone las razones de por qué apoyar la aprobación de la Ley de Comunicación en Ecuador.

El Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, establece las garantías y normas de los derechos de la comunicación establecidos en Constitución del 2008, que es quizás la más avanzada en la materia en el continente. De aprobarse la Ley, marcaría un avance significativo para las reivindicaciones históricas del movimiento por la democratización de la comunicación, no solo del Ecuador, sino del continente.

Este proyecto (1) abre el camino para un cambio estructural clave, una virtual “reforma agraria del aire”, al establecer un reparto de las frecuencias de radio y televisión en tres partes: 34 % para medios comunitarios, 33 % para medios públicos y 33 % para medios privados.

Según el proyecto de Ley, que reconoce a la comunicación social como un servicio público que debe ser prestado con responsabilidad y calidad, los medios comunitarios son aquellos “cuya propiedad, administración y dirección corresponden a comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos u organizaciones sin fines de lucro”. Operarán en igualdad de condiciones con los otros sectores, pero se beneficiarán, además, de políticas públicas para su creación y fortalecimiento, como “mecanismo para promover la pluralidad, diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad”. (Art. 92). Además, bajo la política de favorecer la economía solidaria, se prevé que las entidades estatales contraten publicidad y servicios en tales medios para la difusión de contenidos educativos y culturales.

Otro aspecto importante de la normativa es que impediría la concentración oligopólica, al establecer un límite para una misma persona (natural o jurídica) de una sola frecuencia para matriz en AM, una en FM y una de televisión, en todo el territorio. Actualmente cerca del 90 % de las frecuencias están en manos privadas. La ley prevé que para alcanzar en forma progresiva el reparto a los sectores público y comunitario, se priorizará la concesión a estos dos sectores, hasta alcanzar los porcentajes correspondientes, utilizando las frecuencias disponibles y las que se reviertan al Estado, por los motivos dispuestos en la Ley y la Constitución.

Parte del espectro radioeléctrico se liberará mediante la reversión de aquellas frecuencias que fueron asignadas sin seguir el debido proceso legal, o cuyos concesionarios hayan hecho un manejo irregular de las mismas. La Auditoría de Frecuencias, realizada bajo mandato de la Constitución, sería la base para determinar estas reversiones, que podrían ser más de 200, según dio a conocer el Presidente de la Asamblea, Fernando Cordero. Tales frecuencias deberán revertirse de inmediato al Estado. Además, desde la consulta popular 2011, la Constitución prohíbe que las empresas de comunicación, sus directivos o accionistas puedan tener participación accionaria en empresas de otro sector económico.

Otra medidas, destinadas a estimular la producción nacional, prevén la obligación de tener un 40 % de contenido nacional en los medios audiovisuales y 10 % de producción nacional independiente. En las radios, el 50 % de la música debe ser producida, compuesta o ejecutada en Ecuador. Además, la publicidad debe ser producida en el país.

En el proyecto de Ley, se establecen también normas para un manejo responsable de la información por parte de la prensa. Por ejemplo, se estipula que la información publicada debe ser debidamente verificada y se establece la obligación -con las sanciones correspondientes en caso de omisión- de rectificación de informaciones falsas o inexactas, y el derecho de réplica cuando una persona considere que la información afecta sus derechos a la dignidad, honra o reputación.

Se garantiza, además, los derechos de los profesionales de la comunicación, como la cláusula de conciencia, reserva de la fuente y secreto profesional y derechos laborales. Uno de los temas más polémicos fue la titularización obligatoria de periodistas. El debate giró en torno a si ésta atenta o no a la libertad de expresión de la ciudadanía, pero también a las garantías del derecho ciudadano de ser debidamente informado, lo cual exige de destrezas profesionales. En su última versión, el proyecto de Ley prevé que quien ejerza en forma permanente el periodismo debe tener título profesional (salvo editorialistas, columnistas de ciertas secciones especiales y quienes comunican en idiomas indígenas). Se prevé un plazo de 6 años para que quien ya trabaja en un medio adquiera su título.

Una ley construida con la sociedad

Al igual que sucedió en Argentina, buena parte de la prensa comercial y sectores de la derecha han unido fuerzas, desde hace más de dos años, contra lo que, antes de que se redactará una línea, la tildaron como “ley mordaza”, bajo la premisa de que en materia de comunicación la mejor ley es la que no existe. Es evidente que la ley afectará intereses poderosos, lo cual sin duda explica su tenaz oposición, que justifican bajo los reclamos de “libertad de expresión”. Uno de los puntos más polémicos ha sido la composición del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación -que tiene entre sus funciones elaborar el informe vinculante para la adjudicación o autorización de concesiones de frecuencias- que para algunas voces críticas concentra demasiado poder en el gobierno de turno (si bien el ejecutivo solo nombra a uno de los 5 representantes).

Se argumenta que el texto de la Ley contraviene convenciones internacionales firmadas por Ecuador, lo cual vislumbra posibles acciones ante los organismos internacionales si la ley se aprueba (aunque de hecho, en su redacción se ha cuidado de respetar las convenciones vinculantes). La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ya califica de “preocupante” la Ley y es de esperar que se articulará una campaña mediática regional para atacarla, como se ha hecho tantas veces en los últimos años, cada vez que alguno de los gobiernos ha tocado los intereses del poder comunicacional.

La última versión del proyecto, publicado el pasado 5 de abril, representa el fruto de más de dos años de foros públicos, debates en medios, propuestas y acciones por parte de organizaciones e instancias sociales, y diversos otros aportes, que hacen que esta ley sea una de las más debatidas del país. Varias de las propuestas centrales, como el reparto igualitario de frecuencias, no provinieron de sectores oficialistas, sino desde actores sociales. El gobierno ha mantenido una actitud ambigua frente a la Ley, hecho que impidió que se votara dos años atrás -como mandataba la Constitución- cuando el movimiento político gobernante, Alianza PAIS, aún tenía mayoría en la Asamblea. En varias oportunidades el propio Presidente Rafael Correa ha reiterado que no es una ley prioritaria para el gobierno, y tanto en el ejecutivo como en PAIS, hay sectores que se oponen a la tesis de los tres tercios en el reparto de frecuencias. Fue solamente en el pasado mes de marzo que Correa expresó un claro respaldo a ella, lo cual alineó posiciones al interior del gobierno.

Sin duda el proyecto tiene varias falencias y aspectos que podrían mejorarse. Por ejemplo, la participación ciudadana en la gestión de los medios públicos no está muy clara, siendo un aspecto importante para garantizar su carácter público. No obstante, con su aprobación, podría sentar las bases para una reconfiguración y democratización profunda del escenario comunicacional, actualmente acaparado por unos pocos grupos de poder. Seguramente su implementación no será un proceso fácil. Al igual que el reparto de la tierra, requerirá de procesos de organización, propuesta, creación de capacidades y lucha, particularmente para consolidar el sector comunitario. Pero si se logra esta primera batalla, se podrá contar con la legitimación de las demandas y una cancha de juego más igualitaria.

En este contexto, resulta difícil de entender que sectores de la oposición ecuatoriana más identificados con la izquierda se alineen con las posiciones de los grandes medios comerciales y de la derecha. Sin duda consideran que oponerse a la ley es una manera de golpearle al gobierno, cuando más bien golpean al movimiento social que ha promovido la ley, y a la ciudadanía que se beneficiará de ella; y de paso, hacen un favor a aquellos sectores dentro del propio gobierno, que no ven con buen ojo las medidas democratizadoras.

Se simpatice o no con un gobierno, mal se puede renegar de las propias banderas históricas, cuando éste las adopta como suyas. Más bien implica movilizar más intensamente y vigilar para que su implementación sea efectiva. No solo se beneficiaría el país, sino que sentaría un ejemplo para el continente.

Es con este sentido que la Red de Intelectuales En Defensa de la Humanidad ha hecho público su apoyo al proyecto de ley mediante una carta abierta(2) suscrita, entre otros, por Ignacio Ramonet, Ana Esther Ceceña, Carmen Bohórquez, Marta Harnecker y Oscar Ugarteche, donde se afirma que es un proyecto que “ciudadaniza el espectro radioeléctrico ecuatoriano mediante una redistribución equitativa de las frecuencias de radio y televisión (…), elimina los monopolios, fomenta la producción nacional, promueve la comunicación intercultural y plurinacional y garantiza la plena libertad de expresión e información”, y “será un aporte valioso a la democratización de las comunicaciones en toda Nuestra América”.

Mediaciones Abril 2012

Responsabilidad periodística en las acusaciones

Mensaje:

El papel del periodista en estos casos es el de un ciudadano cualquiera, solo que bien informado y con la voluntad de compartir información con los demás ciudadanos.

Buscar, analizar y difundir esa información es la actividad esencial de su profesión, y constituye el servicio específico del periodista a la sociedad.

Cuando se trata de la corrupción de un funcionario, ese servicio es aún más necesario para la sociedad y más exigente para el periodista que, a pesar de la presión social, debe respetar la presunción de inocencia.

En efecto, la información sobre corrupción toca a la vez la defensa del bien común y el derecho de las personas (los funcionarios) a la presunción de inocencia, a la honra y al buen nombre.

Si bien existe una presión de la opinión pública para que se señale y sancione a los culpables de actos de corrupción, el periodista entiende que su función es informativa y no judicial y que, al informar no puede pretender la sustitución de investigadores ni de jueces.

Por tanto, cualquiera absolución o condena antes de la sentencia judicial es una clara extralimitación de sus funciones y lo pone en riesgo de cometer injusticias que nunca se repararán totalmente.

Al investigar, no puede actuar en competencia con los funcionarios judiciales, y ha de limitarse a dar información que permita al lector un conocimiento claro de la situación para apoyar, o urgir, o hacer fiscalización a la actuación de la justicia, pero no para reemplazarla. En todo caso, es un derecho del acusado que se presuma su inocencia mientras el juez no haya sentenciado.

Documentación.

Es paradigmática la ley francesa de 4 de enero de 1993, reforma por la ley de 24de agosto del mismo año.

A pesar de sus posibles deficiencias técnicas, y más allá de su posible timidez, la ley francesa de 1993 es, sobre todo, un intento interesante de acercar el problema de la presunción de inocencia al campo donde hoy se debate la cuestión práctica en toda su intensidad: el campo de los medios informativos.

De acuerdo con la ley, si los medios informativos violan la ley de presunción de inocencia presentando como culpables a través de acusaciones o insinuaciones, a personas que se hallan en determinadas situaciones procesales, los afectados, además de los medios jurídicos ordinarios de que disponen para la defensa del honor, pueden solicitar al juez que obligue al medio informativo a publicar un comunicado oficial aclarando que se ha violado el principio de presunción de inocencia.

En el primer caso de aplicación de la ley francesa, el comunicado judicial adoptó la siguiente formalidad: “en un artículo el diario X ha presentado como culpables de diversas infracciones a las personas siguientes…El artículo ha atentado contra la presunción de inocencia de las personas mencionadas. Se recuerda que todas estas personas no pueden ser presentadas como culpables de los hechos mencionados en el artículo y que, por el contrario, el diario X ha violado la ley publicando dicho artículo.

Si después de un proceso penal, se declarara judicialmente la inocencia de un inculpado, la ley prevé la posibilidad de publicar, por orden judicial y gratuitamente, el sobreseimiento de la causa, al tiempo que se abren nuevos plazos para ejercitar los derechos de réplica y actuar jurídicamente por difamación.

Carlos Soria. La ética de las palabras modestas. UPB. 1997. P 101, 102 y 103.

http://www.ciespal.net/mediaciones

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