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Educación, la base de un buen periodismo

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La educación y el aprendizaje son dos herramientas que el ser humano tiene para sobresalir; sin ellas, el valor de las personas se queda en lo material y efímero. Muchos piensan que la educación se limita a las enseñanzas que nos dieron en la infancia o a las materias impartidas en las aulas; no obstante, el proceso de aprendizaje es continuo y depende de cada uno de nosotros, de nuestros intereses y objetivos.

Los periodistas, al ser referentes del manejo del lenguaje y generadores de la opinión pública, deberían ser los primeros en fomentar el auto aprendizaje en la sociedad, como una forma de generar conciencia y debate. La mejor forma de educarse es a través de la lectura. Un periodista que no lee, que no se informa, que no investiga, está condenado, lamentablemente, a la pérdida de credibilidad y, por ende, a una crítica negativa de su oficio. Cada uno de nosotros, como lectores, no podemos negar la existencia de cientos de artículos con faltas de ortografía, mala redacción e, incluso, con argumentos erróneos, con un trasfondo tendencioso. Peor aún, no podemos rebatir los discursos hablados que utilizan términos inapropiados, redundancias y llegan a niveles de falta de respeto hacia los perceptores.

En un mundo de la comunicación con periodistas incultos, maleducados y mediocres, no se puede concebir libertad de expresión. La sociedad actual ya no depende exclusivamente de los medios de comunicación para informarse; pero lamentablemente, éstos siguen siendo un modelo a seguir que, queramos o no, influyen en nuestra conducta social. Como periodistas tenemos el derecho de comunicar de forma óptima y eficiente; con un contenido que más allá de informar, sea un aporte para involucrar a la sociedad en los hechos.  En cambio, como ciudadanos debemos exigir información de calidad, que aporte a nuestro acervo intelectual y cultural. Nuestros países ya no necesitan de morbo ni amarillismo ni subestimación, necesitan más proposición.

¿Qué esperamos de los medios de comunicación?

Conocer la verdad o un hecho de forma objetiva ha sido una de las grandes exigencias de los receptores de información; sin embargo, en este requerimiento han surgido las dos grandes interrogantes del ejercicio periodístico: ¿Cuál es la verdad? y ¿Cómo ser totalmente objetivo?

Los medios de comunicación se han convertido en una red de negocios que buscan generar réditos y satisfacer intereses de los grupos que están detrás de su manejo. Pero más allá de la concepción de esta realidad, es indiscutible que gran número de receptores mantiene una fidelidad a los medios catalogados como tradicionales, pese a que su credibilidad, calidad de información y desarrollo tecnológico se hayan quedado relegados con el paso del tiempo.

Hace unos meses diario “El Comercio” de Ecuador publicó un editorial que causó polémica en las redes sociales por su contenido homofóbico, intolerante y ofensivo, que produjo que después de pocas horas fuera retirado del sitio web y se emitió un comunicado de aclaración por parte del medio; sin embargo, en los días siguientes volvió a aparecer como si las quejas e indignación de los lectores hubieran sido de poco valor.

El escritor y académico Carlos Taibo afirma: “Los medios son lo que son, no nos engañemos, por mucho que los haya más inteligentes y menos, más plurales y menos. Dependen, por lo demás, de intereses particularizados que son, de nuevo, los que son”. El experto también señala que los receptores no pueden esperar demasiado de los medios, es decir, en cuánto a calidad de información, contrastación de fuentes e imparcialidad.

Una de las características, que ha marcado un cambio de paradigma en la comunicación, es el papel protagónico del receptor, quien se ha convertido en un selector y analista de la información que recibe. El problema que nos presentan los medios de comunicación actuales se puede tornar en una ventaja cuando los  perceptores investigan, contrastan fuentes y van más allá de las letras o imágenes ofrecidas. “Utilicemos las rendijas que ofrecen (los medios), pero procuremos romper su lógica”, acota Taibo, porque sin duda alguna lo que esperamos está en nuestro poder de discernimiento y logro.

Una entrevista, Correa, por favor

Creo que el por favor es imprescindible; por lo menos siempre que solicito una entrevista (sea a un ente público o privado), mantengo mi cortesía. De igual forma si me solicitan un espacio para informar (sea un ente público o privado), estoy dispuesta a dárselo. No podría etiquetar a una persona como “funcionario partidista y seguidor ciego de órdenes ejecutivas”, para negarle su derecho a expresarse.

Sin embargo, no todos piensan así. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dispuso que los ministros de su gobierno no den entrevistas a medios privados, a los que denomina “medios mercantilistas nacionales propiedad de media docena (de) familias”; con lo cual muchos “mercaderes de la comunicación”, periodistas y analistas la consideran una medida anticonstitucional y que atenta contra la libertad de expresión e información.

En este debate vienen primero las cuestiones de interpretación a las que el actual gobierno ecuatoriano nos ha sometido varias veces. Ahora ¿qué es un medio de comunicación mercantilista? De acuerdo al concepto de mercantilismo, serían los medios que negocian con algo que no deben ser objeto de comercio. Obviamente, la comunicación no es un bien o servicio mercantil, pero en el caso de los medios privados está manejada bajo una lógica de comercio, que debe usarse para mantener el medio. Es incuestionable que algunas familias han monopolizado “el negocio”, pero tampoco se puede generalizar que todos los medios privados bajo esa lógica. Mi pregunta es ¿cómo el ejecutivo determinará a quienes concederá o no entrevistas?

Otro de los puntos es la garantía que exige la constitución para la transparencia y acceso a la información pública, actualmente garantizada por la LOTAIP. Según las conclusiones del Foro Transparencia y acceso a la información pública en Ecuador, esta ley “además de ser un instrumento indispensable para exigir el acceso a la información, es también una herramienta fundamental para hacer efectivos otros derechos, pues sin información no se conocen ni ejercen los derechos adecuadamente. Ello nos remite a reflexionar sobre el rol de la Ley como mecanismo fundamental para la toma de decisiones y para la acción argumentada real y eficaz de la participación ciudadana”.

Muchas veces he recurrido a esta ley para obtener información necesaria para mis estudios e investigaciones, pero que han sido de interés público. Entonces, ¿qué hacer cuando la información pública se debe dar a conocer a la sociedad? La solución puede ser que la institución emita un boletín de prensa, pero ¿cómo esté tendría un alcance masivo? Sin duda alguna a través de los medios de comunicación, pero no basta con transmitir lo leído. La labor periodística se centra en contrastar la información, buscar las fuentes, profundizar y discutir el tema. Sin embargo, esta tarea se tornaría más difícil sin los argumentos oficiales del sector público, porque consideremos que subalternos cumplirán la disposición y las instituciones mantendrán, digámoslo sencillamente, una ley de hielo.

Finalmente, la ciudadanía estaría limitada al no recibir información completa por los medios que prefiera hacerlo. “No hay ningún atentado a la libertad de expresión, sino al ‘business’ (negocio) de estos señores”, afirma Correa; sin embargo la ciudadanía es la principal afectada.  El gobierno ocultamente está planteando que si queremos conocer los hechos públicos con veracidad o de las voces oficiales, acudamos a los medios públicos o los no mercantilistas.

Omar Simon afirmó que nadie tiene la obligación de conceder entrevista. Pero a él y a otros funcionarios les recuerdo que el por favor, es un mero pedido y no del medio, sino de la ciudadanía, a través de él. Cada uno sabrá si se siente obligado o comprometido con su labor de responsabilidad social, en este caso, de rendir cuentas a la ciudadanía.

El silencio discursivo como poder

Mucho se ha juzgado a los medios de comunicación por la información “que dicen” y las formas en que lo hacen; sin embargo, poco se ha tratado de lo que los medios no dicen  y no llega a percibirse en la opinión pública, por falta de difusión. Un análisis de la revista Mediaciones de CIESPAL analiza esta estrategia retórica.

El “silencio discursivo”, se da con alguna frecuencia en los medios. Desde luego, siempre habrán silencios, omisiones, pues no es posible que el medio dé cuenta de toda la infinidad de hechos que se dan en la realidad. Por eso, cuando hablamos de “silencio discursivo” nos referimos al silenciamiento intencional de acontecimientos noticiosos; es decir, de hechos de importancia pública que los medios están obligados a difundir como noticia. Por ejemplo, la agresión verbal y física a una asambleísta.

El 11 de abril de 2012, la Asamblea Nacional de Ecuador puso en la agenda una vez más el proyecto de ley de comunicación, proceso que ya lleva casi 3 años. Fue una sesión caótica, donde abundaron discursos e insultos, algunos de tono racista como el de Dalo Bucaram a  Pedro de la Cruz. Luego de la sesión, que fue suspendida hasta nuevo aviso, la asambleísta María Augusta Calle fue “agredida verbal y físicamente”, según su propia versión dada a los medios, por un integrante del grupo (K´abreados), que fue detenido por la policía. Sin duda, este es un hecho que desde la perspectiva periodística, exenta de posiciones políticas, debe ser considerado como noticia.

Con este criterio CIESPAL realizó un análisis de la información publicada al siguiente día (12 de abril) en algunos diarios nacionales. Aunque todos dan un gran despliegue a la jornada legislativa de ese día, la mayoría oculta esa noticia, los resultados son una evidencia clara de ese “silencio discursivo”.

El diario La Hora no dice absolutamente nada sobre el incidente.

El Expreso, en su “Frase del día” (p. 3) cita brevemente a María Augusta Calle cuando ella denuncia la agresión y afirma que no va a permitir que se “mancille su honra”, entre paréntesis el diario señala que esa cita es “en relación a la agresión verbal” y obvia lo de la agresión física. Esta minimización del hecho contrasta con el despliegue que sí da a lo que el diario califica como “agresión verbal que los “oficialistas” dieron a su “ex compañero  Washington Cruz”, que va como pie de una gran foto (más o menos de 50 cm/col).

El Comercio no dice absolutamente nada sobre lo acontecido con la asambleísta Calle, tampoco El Universo.

En el diario Hoy, hay una brevísima alusión al hecho en  su página 2.

La excepción es El Telégrafo, diario en el que hay una nota, de unos 20 cm/col, con el título “Uno de los K´abreados habría agredido a María Augusta Calle”.

Cabe recordar las reflexiones  que Noam Chomsky hace sobre uno de los recursos de la propaganda: lo que él llama “víctimas dignas” y “víctimas indignas”, calificaciones dadas según el alineamiento político del medio. Las primeras son las víctimas funcionales a ese alineamiento, por ejemplo, los balseros cubanos que salen de la isla hacia Florida, son enfocados como héroes y mártires, “víctimas dignas”, según la prensa alineada con el poder hegemóminco. Los segundos son lo contrario, afectan a ese alineamiento; por ejemplo, las barcazas abarrotadas de latinos que se arriesgan por el Pacífico para llegar a Centro América y ulteriormente a los EEUU; son ilegales, un riesgo para la seguridad, son “víctimas indignas”.

Con estos elementos el lector puede sacar sus propias conclusiones sobre la minimización o silenciamiento de lo acontecido con M. A. Calle. Y también podría preguntarse cuál habría sido la información de estos diarios si la agredida hubiese sido Cinthia Viteri o César Montúfar, cuya posición era defendida por el grupo agresor, ¿habrían sido víctimas dignas o indignas?, ¿ese hecho habría sido digno de difundirse o no?

No hay duda que la ausencia de información es un gran recurso que usa el poder y que da poder.

Revista Mediaciones, abril 2012 

Ley de Comunicación de Ecuador ¿tiene beneficios?

Sally Burch desde la Agencia Latinoamericana de información (ALAI AMLATINA) escribe y expone las razones de por qué apoyar la aprobación de la Ley de Comunicación en Ecuador.

El Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, establece las garantías y normas de los derechos de la comunicación establecidos en Constitución del 2008, que es quizás la más avanzada en la materia en el continente. De aprobarse la Ley, marcaría un avance significativo para las reivindicaciones históricas del movimiento por la democratización de la comunicación, no solo del Ecuador, sino del continente.

Este proyecto (1) abre el camino para un cambio estructural clave, una virtual “reforma agraria del aire”, al establecer un reparto de las frecuencias de radio y televisión en tres partes: 34 % para medios comunitarios, 33 % para medios públicos y 33 % para medios privados.

Según el proyecto de Ley, que reconoce a la comunicación social como un servicio público que debe ser prestado con responsabilidad y calidad, los medios comunitarios son aquellos “cuya propiedad, administración y dirección corresponden a comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos u organizaciones sin fines de lucro”. Operarán en igualdad de condiciones con los otros sectores, pero se beneficiarán, además, de políticas públicas para su creación y fortalecimiento, como “mecanismo para promover la pluralidad, diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad”. (Art. 92). Además, bajo la política de favorecer la economía solidaria, se prevé que las entidades estatales contraten publicidad y servicios en tales medios para la difusión de contenidos educativos y culturales.

Otro aspecto importante de la normativa es que impediría la concentración oligopólica, al establecer un límite para una misma persona (natural o jurídica) de una sola frecuencia para matriz en AM, una en FM y una de televisión, en todo el territorio. Actualmente cerca del 90 % de las frecuencias están en manos privadas. La ley prevé que para alcanzar en forma progresiva el reparto a los sectores público y comunitario, se priorizará la concesión a estos dos sectores, hasta alcanzar los porcentajes correspondientes, utilizando las frecuencias disponibles y las que se reviertan al Estado, por los motivos dispuestos en la Ley y la Constitución.

Parte del espectro radioeléctrico se liberará mediante la reversión de aquellas frecuencias que fueron asignadas sin seguir el debido proceso legal, o cuyos concesionarios hayan hecho un manejo irregular de las mismas. La Auditoría de Frecuencias, realizada bajo mandato de la Constitución, sería la base para determinar estas reversiones, que podrían ser más de 200, según dio a conocer el Presidente de la Asamblea, Fernando Cordero. Tales frecuencias deberán revertirse de inmediato al Estado. Además, desde la consulta popular 2011, la Constitución prohíbe que las empresas de comunicación, sus directivos o accionistas puedan tener participación accionaria en empresas de otro sector económico.

Otra medidas, destinadas a estimular la producción nacional, prevén la obligación de tener un 40 % de contenido nacional en los medios audiovisuales y 10 % de producción nacional independiente. En las radios, el 50 % de la música debe ser producida, compuesta o ejecutada en Ecuador. Además, la publicidad debe ser producida en el país.

En el proyecto de Ley, se establecen también normas para un manejo responsable de la información por parte de la prensa. Por ejemplo, se estipula que la información publicada debe ser debidamente verificada y se establece la obligación -con las sanciones correspondientes en caso de omisión- de rectificación de informaciones falsas o inexactas, y el derecho de réplica cuando una persona considere que la información afecta sus derechos a la dignidad, honra o reputación.

Se garantiza, además, los derechos de los profesionales de la comunicación, como la cláusula de conciencia, reserva de la fuente y secreto profesional y derechos laborales. Uno de los temas más polémicos fue la titularización obligatoria de periodistas. El debate giró en torno a si ésta atenta o no a la libertad de expresión de la ciudadanía, pero también a las garantías del derecho ciudadano de ser debidamente informado, lo cual exige de destrezas profesionales. En su última versión, el proyecto de Ley prevé que quien ejerza en forma permanente el periodismo debe tener título profesional (salvo editorialistas, columnistas de ciertas secciones especiales y quienes comunican en idiomas indígenas). Se prevé un plazo de 6 años para que quien ya trabaja en un medio adquiera su título.

Una ley construida con la sociedad

Al igual que sucedió en Argentina, buena parte de la prensa comercial y sectores de la derecha han unido fuerzas, desde hace más de dos años, contra lo que, antes de que se redactará una línea, la tildaron como “ley mordaza”, bajo la premisa de que en materia de comunicación la mejor ley es la que no existe. Es evidente que la ley afectará intereses poderosos, lo cual sin duda explica su tenaz oposición, que justifican bajo los reclamos de “libertad de expresión”. Uno de los puntos más polémicos ha sido la composición del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación -que tiene entre sus funciones elaborar el informe vinculante para la adjudicación o autorización de concesiones de frecuencias- que para algunas voces críticas concentra demasiado poder en el gobierno de turno (si bien el ejecutivo solo nombra a uno de los 5 representantes).

Se argumenta que el texto de la Ley contraviene convenciones internacionales firmadas por Ecuador, lo cual vislumbra posibles acciones ante los organismos internacionales si la ley se aprueba (aunque de hecho, en su redacción se ha cuidado de respetar las convenciones vinculantes). La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ya califica de “preocupante” la Ley y es de esperar que se articulará una campaña mediática regional para atacarla, como se ha hecho tantas veces en los últimos años, cada vez que alguno de los gobiernos ha tocado los intereses del poder comunicacional.

La última versión del proyecto, publicado el pasado 5 de abril, representa el fruto de más de dos años de foros públicos, debates en medios, propuestas y acciones por parte de organizaciones e instancias sociales, y diversos otros aportes, que hacen que esta ley sea una de las más debatidas del país. Varias de las propuestas centrales, como el reparto igualitario de frecuencias, no provinieron de sectores oficialistas, sino desde actores sociales. El gobierno ha mantenido una actitud ambigua frente a la Ley, hecho que impidió que se votara dos años atrás -como mandataba la Constitución- cuando el movimiento político gobernante, Alianza PAIS, aún tenía mayoría en la Asamblea. En varias oportunidades el propio Presidente Rafael Correa ha reiterado que no es una ley prioritaria para el gobierno, y tanto en el ejecutivo como en PAIS, hay sectores que se oponen a la tesis de los tres tercios en el reparto de frecuencias. Fue solamente en el pasado mes de marzo que Correa expresó un claro respaldo a ella, lo cual alineó posiciones al interior del gobierno.

Sin duda el proyecto tiene varias falencias y aspectos que podrían mejorarse. Por ejemplo, la participación ciudadana en la gestión de los medios públicos no está muy clara, siendo un aspecto importante para garantizar su carácter público. No obstante, con su aprobación, podría sentar las bases para una reconfiguración y democratización profunda del escenario comunicacional, actualmente acaparado por unos pocos grupos de poder. Seguramente su implementación no será un proceso fácil. Al igual que el reparto de la tierra, requerirá de procesos de organización, propuesta, creación de capacidades y lucha, particularmente para consolidar el sector comunitario. Pero si se logra esta primera batalla, se podrá contar con la legitimación de las demandas y una cancha de juego más igualitaria.

En este contexto, resulta difícil de entender que sectores de la oposición ecuatoriana más identificados con la izquierda se alineen con las posiciones de los grandes medios comerciales y de la derecha. Sin duda consideran que oponerse a la ley es una manera de golpearle al gobierno, cuando más bien golpean al movimiento social que ha promovido la ley, y a la ciudadanía que se beneficiará de ella; y de paso, hacen un favor a aquellos sectores dentro del propio gobierno, que no ven con buen ojo las medidas democratizadoras.

Se simpatice o no con un gobierno, mal se puede renegar de las propias banderas históricas, cuando éste las adopta como suyas. Más bien implica movilizar más intensamente y vigilar para que su implementación sea efectiva. No solo se beneficiaría el país, sino que sentaría un ejemplo para el continente.

Es con este sentido que la Red de Intelectuales En Defensa de la Humanidad ha hecho público su apoyo al proyecto de ley mediante una carta abierta(2) suscrita, entre otros, por Ignacio Ramonet, Ana Esther Ceceña, Carmen Bohórquez, Marta Harnecker y Oscar Ugarteche, donde se afirma que es un proyecto que “ciudadaniza el espectro radioeléctrico ecuatoriano mediante una redistribución equitativa de las frecuencias de radio y televisión (…), elimina los monopolios, fomenta la producción nacional, promueve la comunicación intercultural y plurinacional y garantiza la plena libertad de expresión e información”, y “será un aporte valioso a la democratización de las comunicaciones en toda Nuestra América”.

Mediaciones Abril 2012

Responsabilidad periodística en las acusaciones

Mensaje:

El papel del periodista en estos casos es el de un ciudadano cualquiera, solo que bien informado y con la voluntad de compartir información con los demás ciudadanos.

Buscar, analizar y difundir esa información es la actividad esencial de su profesión, y constituye el servicio específico del periodista a la sociedad.

Cuando se trata de la corrupción de un funcionario, ese servicio es aún más necesario para la sociedad y más exigente para el periodista que, a pesar de la presión social, debe respetar la presunción de inocencia.

En efecto, la información sobre corrupción toca a la vez la defensa del bien común y el derecho de las personas (los funcionarios) a la presunción de inocencia, a la honra y al buen nombre.

Si bien existe una presión de la opinión pública para que se señale y sancione a los culpables de actos de corrupción, el periodista entiende que su función es informativa y no judicial y que, al informar no puede pretender la sustitución de investigadores ni de jueces.

Por tanto, cualquiera absolución o condena antes de la sentencia judicial es una clara extralimitación de sus funciones y lo pone en riesgo de cometer injusticias que nunca se repararán totalmente.

Al investigar, no puede actuar en competencia con los funcionarios judiciales, y ha de limitarse a dar información que permita al lector un conocimiento claro de la situación para apoyar, o urgir, o hacer fiscalización a la actuación de la justicia, pero no para reemplazarla. En todo caso, es un derecho del acusado que se presuma su inocencia mientras el juez no haya sentenciado.

Documentación.

Es paradigmática la ley francesa de 4 de enero de 1993, reforma por la ley de 24de agosto del mismo año.

A pesar de sus posibles deficiencias técnicas, y más allá de su posible timidez, la ley francesa de 1993 es, sobre todo, un intento interesante de acercar el problema de la presunción de inocencia al campo donde hoy se debate la cuestión práctica en toda su intensidad: el campo de los medios informativos.

De acuerdo con la ley, si los medios informativos violan la ley de presunción de inocencia presentando como culpables a través de acusaciones o insinuaciones, a personas que se hallan en determinadas situaciones procesales, los afectados, además de los medios jurídicos ordinarios de que disponen para la defensa del honor, pueden solicitar al juez que obligue al medio informativo a publicar un comunicado oficial aclarando que se ha violado el principio de presunción de inocencia.

En el primer caso de aplicación de la ley francesa, el comunicado judicial adoptó la siguiente formalidad: “en un artículo el diario X ha presentado como culpables de diversas infracciones a las personas siguientes…El artículo ha atentado contra la presunción de inocencia de las personas mencionadas. Se recuerda que todas estas personas no pueden ser presentadas como culpables de los hechos mencionados en el artículo y que, por el contrario, el diario X ha violado la ley publicando dicho artículo.

Si después de un proceso penal, se declarara judicialmente la inocencia de un inculpado, la ley prevé la posibilidad de publicar, por orden judicial y gratuitamente, el sobreseimiento de la causa, al tiempo que se abren nuevos plazos para ejercitar los derechos de réplica y actuar jurídicamente por difamación.

Carlos Soria. La ética de las palabras modestas. UPB. 1997. P 101, 102 y 103.

http://www.ciespal.net/mediaciones

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